Los discursos parlamentarios de Práxedes Mateo-Sagasta

El Sr. VICEPRESIDENTE (Lafuente): Continúa la interpelación pendiente del Sr. Sagasta, S.S. tiene la palabra.

El Sr. SAGASTA: En la sesión anterior, Sres. Diputados, concluía yo la primera parte de mi discurso demostrando que al aceptar el Gobierno el proyecto de ley a que está hoy sometida la imprenta, no sólo había faltado a los compromisos que traía de la oposición, sino que había faltado a la Constitución del Estado: pero que aún admitida como legítima esa legalidad, todavía había sido mal aplicada; que a la arbitrariedad de la existencia de la ley, había que añadir la arbitrariedad de su aplicación. Para demostrarlo, dije que me iba a ocupar en primer lugar de las recogidas, luego, de las denuncias; después, de las causas del Real orden; y por último, de las arbitrariedades de todo género que se habían cometido contra la imprenta por el Gobierno, por las autoridades, por sus agentes de Madrid y de las capitales de provincia, en todas partes. Voy pues a ocuparme en primer lugar de las recogidas; y para esto, decía yo, aquí traigo en tropel, en montón, sin orden de ninguna especie, una porción de cosas que en su mayor parte han producido las recogidas. Lo tengo así dispuesto a propósito, porque ha sido tal la falta de criterio, tanta la arbitrariedad, tales los desmanes que se han cometido con la imprenta durante mucho tiempo, que no necesito para demostrar tanta injusticia coordinarlos, sino valerme de lo más inocente; acudir al montón, y tomar lo primero que me venga a mano. Acudo pues al montón, y me encuentro con varias cosas que han producido recogidas: vamos a ver. La primera es una gacetilla, me parece que es de La Iberia. Dice así:

Silba. La Regeneración nos dice anoche con tono inspirado y poético:

" ¡Ay de los que desoyen los amorosos silbidos del Pastor Supremo! "

Y decimos nosotros:

" ¡Ay de los neos que son silbados por todo el mundo! "

Veamos lo que dice La Iberia: " ¡ay de los neos que son silbados por todo el mundo! " El Gobierno, guardador del orden público, defensor de la tranquilidad, tutor de los más elevados intereses de la nación, al considerar los inminentes [523] peligros que corrían estos tan caros objetos por la publicación de un suelto tan anárquico, tan criminal, tan faccioso al parecer, como que por el peligraba la religión de nuestros padres, podía comprometer altísimas instituciones, podía conmoverse la sociedad hasta en sus más inquebrantables cimientos; el Gobierno hubo de decir: "esto es muy grave: se quiere silbar a los neos, recojo el periódico". El Gobierno, señores, obraba bien, porque creyéndose sin duda aludido en esas silbar, no quiso que la alusión se hiciera pública; como colaborador de los neos, se apropió la parte que le cabía: enhorabuena sea; cuando se la apropió, bien sabría que la merecía. Debo decir que no había ni más ni menos en este suelto que lo que el Congreso ha oído, y sin embargo, el periódico fue recogido por ese mismo suelto.

Vamos a otra recogida; es de la Iberia; por lo visto, en toda esta parte del montón no hay más que de ese periódico. Dice así:

" Hace ya mucho tiempo se viene observando que cuando está próximo a caer un Gabinete, los palaciegos comienzan a hablar mal de él sin reserva.

¿Qué opinan sobre esto los ministeriales? ¿No tienen noticia, no ha llegado a sus oídos el eco desapacible de críticas acerbas, hechas en sitios bastante públicos por personas de una posición dada? Y hacemos estas preguntas a los amigos de D. Leopoldo, porque de la reproducción de ese síntoma se sacan muchas consecuencias, y se forman multitud de cálculos sobre lo que le queda de vida a la actual situación."

Esto es lo que se ha recogido. ¿En qué palabra, señores Diputados, en qué frase, en qué oración, en qué idea de las contenidas en ese párrafo que acabo de leer al Congreso, hay ataque ninguno, ni pequeño ni grande, a altas ni a bajas instituciones, a ningún Gobierno, a ningún Ministro, ni a corporaciones ni a particulares? Pero ya se ve, el Gobierno se empeña en dar una prueba de su grandísimo saber, una prueba hasta dónde alcanza su altísima perspicacia, y debió decir: " en este párrafo no hay nada de particular; luego es grave, muy grave, puesto que en el se encierra algo que yo no veo " y queriendo y deseando dar una prueba de su profunda penetración, lo recogió, exclamando gravemente: a mí no se me engaña.

Pero sigamos: ¡Ah, Sres. Diputados! esto ya es otra cosa. Aquí ya me encuentro con un escrito grave, gravísimo, trascendental, como que se trata nada menos que del señor fiscal de imprenta. Se ocupaba el periódico de hacer una referencia de lo ocurrido en la vista de la denuncia de La Discusión, cuando este periódico fue denunciado por el programa, y decía La Iberia:

¡Qué tres horas tan bien empleadas las de ayer por el Sr. Bugallal en su imperecedera acusación, la cual llevó, no solo la autoridad de su palabra, de su estilo, de su creación, sin también la de sus inspiradores, pues confesó que había recibido recientes instrucciones sobre la denuncia de La Discusión! Desde luego se comprendió lo que aquello significaba, y el público desde entonces oyó con doble regocijo la serie de argumentaciones con que fascinaba a los oyentes: he aquí uno de sus buenos rasgos.

Llamo sobre esto la atención del Congreso, porque es digno de que se llame la atención.

" Al fiscal no puede obligarle una sentencia cuando se ha dictado por otro tribunal, y cuando él no desempeñaba la fiscalía (¡qué me cuenta V., señor!): que podía denunciarse de nuevo lo que se absolvió ayer, cuando se reprodujese, porque los lectores no eran los mismos?" Nosotros robustecíamos en nuestro interior aquella idea, porque es posible que los cajistas que compusieran el artículo fueran diferentes, y acaso la tinta de la impresión distinta también.

¡Horror! Sres. Diputados, admirad la autoridad de la palabra de un fiscal de imprenta; extasiaros con la donosura y belleza de su estilo; admirad la grandeza de su creación; y sobre todo tener la osadía de ocuparse de la gravísima, de la altísima, de la piramidal personificación del fiscal de imprenta. Y concluyo ya con esto, que no me parece lo más a propósito para este sitio; pero en cambio, convendrán conmigo los Sres. Diputados que cosas tan pequeñas, tan risibles, que cosas tan ridículas, me atreveré a decir, ni pueden ni deben tomarse en serio. ¿Por dónde el fiscal de imprenta ha de ser inviolable? ¿Por donde no se ha de poder decir que el fiscal de imprenta haya de tener eminentísimas cualidades? ¡Recoger un periódico por alabar las eminencias de un fiscal de imprenta! ¡Recoger un periódico por reconocer lo que por lo visto reconoce el señor Ministro de la Gobernación y reconocen sus amigos! Pues qué, cuando se trata de un funcionario público que lleva tres años en el ejercicio de sus funciones; que hace cuatro años lo más que concluyó la carrera de abogado; que sabemos que es abogado porque ha estudiado en la universidad, y porque naturalmente tendrá su título en el bolsillo, porque en cuanto a haber ejercido la abogacía, por lo menos yo no tengo conocimiento del bufete del Sr. Bugallal; ignoro si le conocerán los Sres. Ministros; pero cuando se trata de una persona que en tan poco tiempo se ha hecho acreedor a superar a los hombres encanecidos en la carrera judicial, a los jueces y magistrados que tienen tantos y tan eminentes servicios prestados, ¿no viene a reconocerse por el Ministerio y por sus amigos lo mismo que el periódico de La Iberia ensalzaba? ¿Pues no se dice que va a ser agraciado con una de las plazas que solamente se conceden a empleados que han encanecido en el servicio de suplís? Yo no creo eso que se dice; pero hay quien asegura que está hecho su nombramiento; pero repito que no lo creo; y la razón que tengo para no creerlo es el que no veo haya abandonado el banco ministerial, no solo el Sr. Negrete, sino ninguno de los Sres. Ministros.

No puedo creer, señores, no creo que esté hecho el nombramiento del señor fiscal de imprenta para el primer registro de hipotecas del país, porque para eso sería necesario olvidar los principios que sirven de pauta y de norma para el buen régimen de una sociedad. Y a fe a fe que si yo comprometo mi palabra ante un particular, que si yo ante ese particular adquiero compromisos y falto a mi palabra, a mí la sociedad no me tiene por caballero, ni siquiera por honrado. Pues bien, Sres. Diputados: ¿no tiene el Gobierno, no tiene el Sr. Ministro de Gracia y Justicia principalmente, contraída una palabra como Ministro y como particular?

El Sr. VICEPRESIDENTE (Lafuente): Se está tratando de los abusos que pueda haber cometido el Gobierno acerca de la imprenta; no se trata de los registradores de hipotecas; y ruego a V.S. que se haga cargo de esta observación y se circunscriba a la cuestión.

El Sr. SAGASTA: Ya comprenderá el Sr. Presidente que al tratarse de la imprenta, es imposible dejar de tratar del fiscal de imprenta; yo, para demostrar la arbitrariedad del Gobierno con la imprenta, quiero decir que el Gobierno pretende premiarle de una manera conforme con sus merecimientos. Debo hacerme cargo de esto, y creo que no estaba fuera de la cuestión lo que yo estaba diciendo.

Tengo necesidad de justificar mis palabras, y mucho más después de las que he pronunciado.

Decía el Sr. Ministro de Gracia y Justicia: [524]

 " Yo no me aventuro ahora a decir al Sr. Paz que medidas podré adoptar dentro de la ley. El Ministro adoptará aquellas que le sugieran su celo, su patriotismo y el consejo que tomará de todas las personas entendidas. Yo aseguro a S.S. que no despreciaré ningún medio de acierto; haré cuanto está en mi deber. Si hay registradores actualmente que tengan las circunstancias que exige la ley, yo conservaré a esos registradores. ¡Ojalá las tuvieran todos, y saldría yo de grandes conflictos! Yo me felicitaría de que todos, todos ellos tuvieran las circunstancias que exige la ley, porque entonces no haría ni un solo nombramiento.

Y son las únicas ofertas que yo puedo hacer al señor Paz: primera, que todo derecho lastimado será indemnizado previamente, si previamente se comprueba ese derecho; segunda, que todos los registradores que tengan las circunstancias que exige la ley, siempre que no haya nota contra ellos, quedarán en su puestos."

Como se ve, dice S.S. que todos los registrados que tengan las circunstancias que exige la ley, siempre que no tengan nota contra ellos, quedarán en sus puestos.

Yo sé que el registrador de hipotecas de Madrid tiene largos merecimientos, está dentro de la ley, y no tiene nota ninguna. Y puedo decir esto con tanta más razón y con tanto mayor gusto, cuanto que ni de vista conozco a dicho registrador; no sé de él más que una cosa, a saber, que no es mi amigo político.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Lafuente): Otra vez ruego a S.S. que se sirva concretarse a la cuestión.

El Sr. SAGASTA: Pues concluyo, complaciendo a la Presidencia, y vuelvo al montón.

Han venido a mis manos, entre otras, algunas recogidas, que me sirven para contestar al Sr. Presidente del Consejo de Ministros. Dicho señor nos decía, con una tranquilidad admirable, al ocuparse del dictamen de contestación al discurso de la Corona, que todos los periódicos que han sido recogidos lo habían sido por ocuparse de personalidades indignas de la prensa; "que me presenten, añadía con arrogancia inaudita, que me presenten los de la oposición un periódico que haya sido recogido por criticar actos administrativos." Pues aquí tiene S.S. la contestación; y llamo la atención del Congreso para que en lo que voy a leer vaya examinando, palabra por palabra, donde encuentra motivo de recogida, y no se hable de un asunto puramente administrativo.

La Época del martes pretende dar contestación al suelto en que consignábamos nuestras dudas respecto a la publicación del anunciado decreto sobre la rebaja del interés a que se abona a las cantidades impuestas en la caja de depósitos; y sin negar las observaciones que consignábamos, termina con las siguientes líneas: "Mientras el Gobierno sostenga la seguridad individual y la inviolabilidad del domicilio, respete las garantías consignadas en la Constitución del Estado, y desenvuelva de una manera tan prodigiosa el crédito y prosperidad del país, los pueblos han de preferir ese estado de cosas a la sucesión de situaciones transitorias que entrañaban en su seno todo género de desventuras para la patria.

En estas últimas palabras alude La Época a situaciones distintas, cuyos representantes en la prensa han contestado de un modo hasta victorioso a las trompetas de la más reaccionaria de todas las situaciones constitucionales.

Por lo que toca al bienio progresista, que debemos considerar comprendido entre las situaciones transitorias a que se alude, La Época no debería olvidar que fue el que ha puesto en manos del Sr. Salaverría elementos de prosperidad legal y material para el país, que desgraciadamente no ha sabido aprovechar. Si así hubiera sido, los precios de nuestras rentas, ya que de ello hace mérito La Época, serían 6 u 8 por 100 más del que hoy tienen, puesto que los capitales, no encontrando las ventajas que les ofrece la caja de depósitos, se dedicarían al comercio y a la industria, como La Época misma ha reconocido y confesado.

Aquí tiene el Sr. Presidente del Consejo de Ministros la contestación a su arrogancia. Me parece que no puede tratarse de un hecho más administrativo.

Señores, ¡recoger un periódico porque se permitía hacer algunas observaciones acerca de un decreto que establecía la rebaja del interés que se abonaba a las cantidades que se impusiesen en la caja de depósitos! ¿Y qué observaciones se pueden hacer de una manera más prudente? ¿Qué observaciones se pueden hacer con una forma más suave?¿Qué observaciones se pueden hacer de una manera más tímida, más débil? ¡Y esto, señores, se recoge en un país que se dice regido por instituciones liberales, bajo un Gobierno que se dice liberal, y en una nación donde se dice que la prensa es libre! ¡Qué sarcasmo!

Ya se ve, el Sr. Presidente del Consejo de Ministros, que según nos ha dicho no lee los periódicos, tiene que creer todo lo que le dicen sus amigos y servidores; y la verdad es que sus amigos y servidores abusan de su ignorancia; es decir, de su ignorancia en lo que dicen los periódicos; porque por lo demás, ya sabemos que el Sr. Presidente sabe mucho, excepto de leyes, que nos dijo no las entendía. Pero aquí ve el Sr. Presidente del Consejo de Ministro como sus amigos no le dicen toda la verdad, como sus amigos le comprometen: aquí puede ver lo mal servido que se encuentra.

Pero allá va otra recogida un poco más grave, y que servirá también de contestación al Sr. Presidente del Consejo de Ministros. Llamo sobre ella la atención del Congreso, porque esta va a dar lugar a algunas reflexiones importantes. Es un suelto de La Iberia, refiriéndose a La Crónica, y hay en el unas líneas del periódico La Época, y creo que por ellas no sería la recogida. Pero por si acaso, voy a leer también lo que dice uno y otro.

Dice La Crónica:

Parece que el desfalco que se ha notado en la administración de rentas de Vélez-Málaga, asciende a 159.966 reales 16 céntimos; aquel administrador tenía prestada fianza por valor de unos 230.000 rs.

Observamos de algún tiempo a esta parte que ser repiten con frecuencia escándalos de esta especie, y esperamos que el Gobierno, por su buen nombre, remediará con enérgica mano tan graves y perjudiciales abusos, que han de refluir en daño y mala voz de nuestra administración.

Nosotros hemos observado otra cosa desde hace tiempo también, a saber: que siendo tantos los escándalos de esta especie, no hemos conseguido que ni los ministeriales ni nadie nos digan que pena se ha impuesto a los desfalcadores en esta época de moralidad.

¿Por qué no podrá saberse esto?

Deseo que esto conste, no sólo en el Diario de las sesiones, sino también en el Extracto, porque es digno de que lo conozca todo el mundo.

¡A que tristes reflexiones, Sres. Diputados, da lugar la recogida de este párrafo! Hay un periódico que denuncia escándalos en la administración, que aconseja por el buen nombre del Gobierno que se persigan con insistencia, que se castiguen con mano fuerte, que se publiquen los castigos que se impongan o se hayan impuesto por hechos análogos y ese periódico es recogido. ¿Y cuando, señores? ¿En qué época? Cuando de todas partes se recibían noticias de escándalos semejantes; cuando la repetición incesante de hechos análogos hacia temer que la inmoralidad, a manera [525] de enfermedad contagiosa, se difundiese de oficina en oficina por todas las dependencias del Estado; cuando el robo y la defraudación amenazaban concluir con la administración de este desventurado país. ¿Y por quién es recogido? Por un Gobierno que para subir al poder levantó la bandera de la moralidad, por un Gobierno que se llama moral. Pues no es moral denunciar periódicos que denuncian hechos semejantes: pues no es moral cubrir con el manto gubernamental delitos de esta índole, para evitar así el castigo más grande y más inmediato, cual es la animadversión con que la sociedad arroja de su seno a los que tan indignamente se portan. Señores, ¡recoger periódicos por esto! Pues si aún siendo la prensa libre, o creyéndose que lo es, y que puede arrojar a la execración pública a los que tales delitos cometen, todavía vemos escandalosas defraudaciones y robos en la administración, ¿qué sería de la administración pública el día que la prensa tuviera que ahogar en el silencio desmanes de esta especie? Señores, permitid que a la prensa se la ponga una mordaza para que no denuncie estos escándalos de la administración; permitid que la prensa deje de ser aquí, como en todas partes lo es, el centinela avanzado que nos avise los peligros en que se halle el país y la Hacienda pública, y ¡ay de los pueblos! ¡ay de la administración!

Yo Gobierno, me avergonzaría de poner cortapisa ninguna a la prensa en asuntos de esta especie; yo me avergonzaría ante la idea de que pudiera creerse que lo hacía con el temor de que pudiera llegar a mí la crítica. Yo no creo que sea temor el que haya obligado al Gobierno a obrar de este modo; creo que lo que le ha obligado a proceder así es la terrible idea de que este desbordamiento de la administración pudiera atribuirse a la manera singularísima de ser de esta situación. El Gobierno, pues, sin quererlo, y sin saberlo quizá, se ha hecho responsable de tantos y tan repetidos escándalos. Este es el resultado de esas agrupaciones de hombres que sin idea ninguna, sin fin determinado, impacientes, ambiciosos, descreídos, escépticos de todos los partidos políticos acuden en tropel y viven y pululan y prosperan, como la hierba venenosa, a la sombra de los árboles lozanos, al lado de hombres de buena fe, valiéndose de la sombra de éstos, aquellos que de cualquier modo y a todo trance quieren salir de la triste situación en que los tienen las desgracias de su partido, o más bien al olvido en que por falta de merecimientos o por faltas suyas los tenía relegados su mismo partido. Este es el resultado de esos banderines de reclutamiento donde se recibe a todo el que llega, sin preguntarle de donde viene, ni asegurarse adónde va, sin otras condiciones que las de que renuncie a su conciencia, y olvide todos sus antecedentes: este es el resultado indeclinable de la marcha de las cosas humanas, que con grandes ejemplos nos está demostrando todos los días lo que nos decía el Sr. Olózaga no ha mucho con la elocuencia que todos le reconocen, a saber: que el hombre que falta a la probidad política, tiene mucho adelantado para faltar a la probidad particular.

Cualquiera que haya sido la causa que haya al movido al Gobierno para proceder de este modo en asunto tan grave, la verdad es que ha obrado mal. Esa recogida ha sido arbitraria e injusta, y más que todo ha sido inconveniente y poco honrosa para el Gobierno. Y como si todavía el cuadro no estuviera completo, viene a recargar sus tintas un suceso ocurrido en la ciudad de Valencia. En esta población se publica un periódico titulado El Valenciano. Este periódico denunció un robo en la recaudación de consumos. El robo había tenido lugar del mismo modo y en la misma forma que el periódico lo denunció. Pero un funcionario público de aquella capital se cree aludido; marcha a la casa del director del periódico, le atropella, y con escándalo inaudito atenta contra su persona; de manera que en Madrid se recogen los periódicos por denunciar hechos escandalosos, y en provincias el Gobierno autoriza ¡qué digo autoriza! Protege a los funcionarios públicos, que saltando por cima de las leyes y cometiendo atentados inauditos, atropellan a los ciudadanos que en uso de su derecho y en cumplimiento de se deber claman contra el crimen y denuncian ciertos hechos. Y digo que el Gobierno patrocina esto, porque el funcionario que de esta manera se condujo, que cometió ese atentado, sigue tranquilo en su destino: y digo además que lo preteje, porque al día siguiente de ese atentado un periódico que se publica en la misma capital, patrocinado por la autoridad hasta el punto de infringir la ley permitiendo que se publique sin los requisitos que se exigen a los demás para tratar asuntos públicos, tuvo el atrevimiento de tratar de una manera soez a un Diputado de la nación, compañero nuestro, que en uso de su derecho anunció una interpelación al Gobierno. Pues este periódico, patrocinado por la autoridad, se atrevió al día siguiente a ensalzar el delito de aquel funcionario, al mismo tiempo que a insultar con formas indignas a El Valenciano, que no había cometido otra falta que clamar contra un robo.

Todo esto, señores, consta aquí. Si algún Sr. Diputado lo duda, leeré estos periódicos. No lo hago desde luego, no tanto por n molestar la atención del Congreso, sino porque no creo digno que a un papelucho que se conduce en unos términos que no sé cómo se consienten en la ilustrada ciudad de Valencia, se menciona siquiera en este sitio. Y vea ahora el Gobierno como hemos encontrado un punto en que estamos conformes. En efecto, señores, es verdad que hay inmoralidad; en efecto es verdad que hay periódicos que insultan, que traspasan todas las leyes y todas las conveniencias, que prescinden de todas las consideraciones; es verdad que hay periódicos que se atreven a ensalzar el delito y el crimen. Todo esto es verdad. ¿Pero sabéis cuáles son esos periódicos? Los protegidos, ya que no los pagados por el Gobierno. Ya lo sabéis, Sres. Diputados; ya lo sabéis ciudadanos todos, que según la constitución podéis escribir y bajo el punto de vista del derecho sois escritores; si veis alguna vez en peligro vuestros derechos; si veis la Hacienda defraudada; si veis robar los intereses de la nación, contened los sentimientos en vuestro pechos, no digáis nada, porque lo que digáis será recogido, o veréis vuestras casas atropelladas, vuestras familias insultadas, vuestras personas atacadas por funcionarios, por agentes, por protegidos del Gobierno.

¡Luego extrañará este Gobierno que un Diputado de estos bancos, compañero nuestro, se levantara a anunciar una interpelación sobre la inmoralidad política de la administración! Señores, extrañeza podía haber, pero era para mí, amigo el Sr. Calvo Asensio, que es a quien me refiero; y a pretexto de esa extrañeza no contestó a esa interpelación, extrañeza que bajo cierto punto de vista era fundada, porque mi amigo el Sr. Calvo Asensio no estuvo todo lo explícito que debió estar, porque no debió interpelar solo acerca de la inmoralidad política, sino acerca de la inmoralidad administrativa también de esta situación.

Basta de esto, y vuelvo al montón, y me encuentro con varios números de Las Novedades que han sido recogidos, cuatro. El primero, por alabar una resolución del Papa. Y el Congreso dirá: ¡cómo puede ser por alabar una resolución del Papa! ¡Imposible que en este país católico, apostólico y romano por excelencia, n ose permita alabar una resolución del Papa! Pues ni más ni menos que por eso fue la recogida: y para que se vea que ni en la forma, ni en el modo, ni en la intención, había otra cosa que un aplauso [526] sincero, que una alabanza del Papa, voy a leer lo recogido al Congreso.

Dice el periódico Las Novedades en un párrafo enteramente aislado, en un suelto, en una palabra:

" Parece que Su Santidad ha condenado de una manera solemne las hazañas de una monja milagrosa de Roma.

Esta dignísima resolución del jefe supremo de la Iglesia merecerá los mayores elogios de todos los hombres verdaderamente religiosos, de los que no tienen la religión solo en los labios, sino en el corazón.

No creemos que sea la última resolución que adopte el Padre Santo en cuestiones de este género."

Otro número de Las Novedades recogido por decir a sus suscritores, como una satisfacción que se veía en el caso de dar, en vista de que no iban a recibir el número, que había sido recogido por aplaudir una resolución del Papa. Yo pregunto: ¿recuerdan los Sres. Diputados alguna situación, algún Gobierno que haya recogido periódicos, por decir esos periódicos que han sido recogidas otras ediciones, por decir una verdad? Pues ya van dos periódicos por aplaudir una resolución del Papa.

Pasan algunos días durante los cuales tienen lugar ciertos viajes de mucho ruido, de gran aparato, de cierta monja, no ya de Roma, sino de España. Los periódicos españoles se cargo de estos viajes, como se ocupan de todo lo notable, de todo lo grande y aparatoso, y todos los periódicos que se ocupan de este viaje son recogidos. Pero un periódico, El Contemporáneo, cansado de tan injustas y diarias recogidas, hace uso del derecho que la ley le concede y pide la denuncia. Va al tribunal la denuncia, y al cabo de un tiempo bastante largo se le absuelve diciendo que son noticias que no tienen nada de particular y que a nadie ofenden. Queda absuelto el número, y desde aquel día todos los periódicos que habían querido ocuparse de los viajes de cierta monja, empiezan a hablar de la monja y de los viajes. ¡cómo no habían de hablar si se trataba de viajes que se habían hechos con mucho aparato en trenes de la Casa Real y de personas que eran recibidas envaraos puntos, pero especialmente en los sitios Reales, con repiques, con funciones, con fuegos artificiales, con visitas de las autoridades, con festejos, en fin, como los que recibe la Reina cuando va a esos sitios! Todo lo grande, todo lo extraordinario, todo lo portentoso tiene que ser objeto de la prensa, y es su deber ocuparse de ello.

Pues bien: la prensa lo hace así después de esa absolución, y se empeña en hablar de esto con tanto más motivo, cuanto que antes no se le había permitido; y Las Novedades, llena de satisfacción al ver que al fin se ha reconocido su derecho, exclama: " Pues si era injusto recoger por hablar de una monja de España, más injusto será hacerlo por alabar una resolución del Papa que se refiere, no ya a una monja de España, sino a una monja de Roma " ¿Sí? Pues te recojo otra vez. Total, tres recogidas por alabar y aplaudir una resolución del Papa. Las Novedades se encuentra ya muy tarde con esta recogida, tiene que hacer segunda edición; no puede hacerla y se contenta con decir: Hemos sido recogidos por aplaudir una resolución del Papa. Otra recogido. Total, cuatro recogidas por aplaudir una resolución del Papa. Y si hay algún Diputado que ponga en duda lo que estoy diciendo, o si lo pone en duda el Gobierno, leeré los cuatro sueltos que tengo aquí y en los que no se hace ni más ni menos que aplaudir una resolución del Papa. Yo pregunto al Gobierno: ¿qué peligro hay en aplaudir una resolución del Papa? ¿qué delito cometía Las Novedades por decir que el Papa había obrado bien? ¿Por alabar, por ensalzar una determinación del Papa, que como padre común de los fieles, como jefe de la Iglesia, todas sus resoluciones son para nosotros, no solo aceptables, sin plausibles? ¿Qué intereses se comprometían por alabar esa resolución del Papa? ¿Qué altísimas instituciones peligraban? ¿A quién se atacaba? ¿A qué? Espero que el Gobierno conteste a estas preguntas cuando se sirva responder a mi interpelación; y entonces, si lo creo necesario me extenderé un poco más sobre este particular.

Me encuentro después con otro grupo de números de Las Novedades recogidos; son seis. El primer número, por pedir recompensas para los soldados que hicieron la guerra de África. ¡Por pedir recompensas para los soldados que hicieron la guerra de África, recoger un periódico! ¿Será quizás por la forma en que se pide, por la intención, porque envolviese algún ataque a la ordenanza, se comprometiera la disciplina se excitase a la rebelión? Va a verlo el Congreso. Las Novedades decía en la crónica de una sesión del Senado y en su último párrafo, que es el recogido, lo siguientes: " El Presidente del Consejo presentó un proyecto de ley de recompensas a los inutilizados en la campaña, y las viudas y huérfanos de los que han fallecido o fallecieren de resultas. Aprobamos completamente la idea que ha presidido a este proyecto; pero echamos en él de menos un artículo muy importante. ¿Qué recompensa se da a los individuos de ese ejército que han sufrido los males y peligros de la campaña, y que sin embargo, no han salido heridos ni quedados inutilizados, ni han sido comprendidos en las propuestas de gracias? ¿Qué galardón se concede a los soldados, cabos y sargentos? ¿Qué a los oficiales que se encuentran en los casos citados arriba?."

Esta es la saña, esta es la intención, esta es la forma con que el periódico pedía ¡qué digo pedía! Casi suplicaba al Gobierno concediera esas recompensas.

Otro número de los recogidos lo fue por decir que le parecían poco seis meses de abono de tiempo a la clase de tropas que había combatido en África. Voy a leer la parte recogida, porque tratándose de esto pudiera creerse que en la forma o en la intención había algún peligro. Dice así lo recogido: " Se asegura que es cosa resuelta que se formulen propuestas de remuneración en favor de los jefes y oficiales que prestaron servicios especiales durante la guerra de África, debiendo figurar también en ellos los que habiendo quedado en el Serrallo, no han recibido recompensa.

De esperar es que no se olvide la clase de tropa, pues nos parece demasiado corta la rebaja de esos seis meses.

Si por algunos pronunciamientos se han concedidos dos años; si por las ocurrencias de Julio en Madrid y Barcelona se concedieron seis meses, ¡con cuanta más razón debe ser de mucho más tiempo la concesión tratándose de una compaña penosa, en la que tan brillante ha sido la conducta del soldado, hasta de aquellos que aún siendo quintos han sabido conducirse como veteranos!

No dudamos que el Gobierno pensará en esta clase, que después de todo no tiene más ascenso que volver al seno de su familia."

Van ya dos periódicos recogidos por pedir recompensas para el ejército. Pues enseguida vienen otros cuatro números que fueron recogidos por pedir que se relevara la guarnición de Tetuán. ¿Y en qué forma? Va a verlo el Congreso.

" Sabiendo ya que los moros (dice uno de esos cuatro números) se van sin haber pedido nada, y que el Gobierno insiste en el cumplimiento de lo pactado, creemos que no existe motivo para que no se piense en el relevo de la guarnición de Tetuán, que no ha vuelto a la Península desde que los cuerpos que la componen entraron en campaña."

Esta indicación tenemos hecha tiempo ha, aunque sin [527] fruto, por parecernos justo, si no hay razones que no alcanzamos, que vuelvan a la patria y al seno de sus familias, si es posible, los que pisan tantos meses hace el suelo africano."

Otro número pedía que fuera relevada la guarnición de Tetuán en los siguientes términos:

 " Es costumbre establecida que las guarniciones de África se releven cada seis meses, dándoles el abono correspondiente de servicio: con doble motivo debe tenerse en cuenta esta circunstancia para los que llevan en Tetuán mucho más tiempo.

Esperamos que el Gobierno tome alguna resolución sobre este punto."

Otro número de esos cuatro de que voy hablando fue recogido por indicar que la guarnición de Tetuán llevaba más de un año, y por último otro por pedir que fuera relevada. Total, seis periódicos, seis números de Las Novedades por hablar en las formas más convenientes del lodo más prudente, con todas las salvedades posibles, sin ofender, sin herir a nadie ni a nada, a favor del ejército.

¿Qué significa esto? ¿Qué delito cometemos nosotros, qué delito cometen nuestros periódicos cuando ensalzan, cuando aplauden, cuando alaban el honroso comportamiento de nuestro ejército? ¿Qué delito cometen nuestros periódicos cuando piden siempre para el ejército justicia y equidad en la distribución de los premios como se hace de las cargas? ¡Ah, señores! La táctica es maquiavélica, pero al fin ya es conocida. El ejército español se conduce como se conduce siempre nuestro ejército: presta eminentes servicios a la patria, se coloca a la altura de su elevadísima misión; entonces se nos prohíbe ensalzarle y admirarle; entonces se nos impide pedir para el ejército las recompensas y premios que merece; entonces se nos obliga a abogar en el silencio nuestra gratitud y nuestros buenos deseos hacia él. Pero uno o más individuos del ejército, independientemente de él, desconocen su misión, faltan a sus deberes o son indebidamente recompensados en daño y con postergación de los demás, y entonces, cuando venimos nosotros a favor de ese mismo ejército a protestar contra esa injusticia o contra las mal dadas recompensas, entonces, señores, se grita en todos los tonos: ahí los tenéis; los progresistas no quieren al ejército, ofenden al ejército, son enemigos del ejército.

No, señores, no: los enemigos del ejército son los que le escatiman las gracias y recompensas cuando presta verdaderos servicios al país, y se las derraman a manos llenas cuando sirven a sus miras particulares; los enemigos del ejércitos son lo que más que al mérito y la equidad para la distribución de los premios y repartición de las fatigas, atienden a las afecciones personales; los enemigos del ejército son los que proponen dos años de rebaja por una conspiración, por una sublevación los eleva al poder, y les parece mucho seis meses?

El Sr. VICEPRESIDENTE (Lafuente): No está V.S. en la cuestión.

El Sr. SAGASTA: Estoy haciendo ver cuál es la conducta que el Gobierno sigue con el partido progresista: recoger los periódicos cuando aplauden al ejército, y gritar mucho cuando se levanta a pedir justicia a favor del ejército por las indebidas gracias que se conceden a alguno de sus individuos. Por consiguiente, Sr. Presidente, estoy dentro de mi argumentación y dentro del Reglamento.

Decía yo que los enemigos del ejército eran los que por una sublevación que les eleva al poder dan dos años de rebaja, y les parece mucho seis meses como premio de una campaña tan penosa en defensa de la patrias. Los enemigos del ejército son los que con mentidos e interesados halagos quieren hacerle ver que todos los demás somos sus enemigos para ver si de esa manera pueden hacerle instrumento de sus ambiciosas miras juguete de sus bastardas aspiraciones.

Los progresistas admiran su valor, quieren su prosperidad, miran más que a las personas, a la institución, y quieren hacerla tan elevada y digna, que en vez de desvío, que en vez de odio, inspire solo cariño y admiración al pueblo, que es el pueblo en que ha nacido, el pueblo de donde ha salido, el pueblo al cual sirve, el pueblo para el cual vive, y el pueblo al cual ha de volver.

Señores, ¡recoger periódicos por decir que les parece poco seis meses de rebaja después de una campaña tan penosa, en que el ejército dio tantas pruebas de su valor, de su patriotismo, de su constancia y de su disciplina! ¿Y por quién? Por un Gobierno a cuyo frente se halla el que concedió dos años por una sublevación. Verdad es que fue una sublevación que le elevó al poder. ¡Recoger periódicos por pedir con todas las salvedades posibles que se relevara la guarnición de Tetuán, que llevaba allí más de un año, con objeto de que se repartieran las cargas de un modo igual, haciéndose de este modo menos penosas y más llevaderas! ¡Recoger periódicos por desear que se hicieran pronto efectivas las gracias y recompensas que se dieran a los inutilizados, a fin de evitar el triste y poco digno espectáculo en los pueblos civilizados de que los que han derramado su sangre en defensa de la patria, de que los que han perdido un miembro o no ven la luz del sol a consecuencia de la guerra, mendiguen en las calles y plazas el pan de la caridad! ¡Oh, no! Los que tal hacen no son amigos del ejército más que en cuanto puede servirles para alcanzar el poder; los que tal hacen no son amigos del ejército sino en cuanto puede serles útil para asegurarse de su fortuna.

Y en prueba, señores, de que las gracias no se concedían con justicia, y en prueba de que había injusticia y desigualdad en las gracias concedidas por la guerra de África, tenemos las Gacetas de estos días, en que vienen las gracias otorgadas a varios militares y que no se les dieron en África. Y esto se hace, a pesar de haberse dicho dos meses ha que no se dispensarían más gracias por ese concepto. ¡Qué tales habrán sido las injusticias, cuántas y de que bulto, que después de dos meses y de órdenes tan terminantes como las que han circulado, vienen concediéndose gracias por el Ministerio de la Guerra con motivo de aquella compaña!

Pero no sólo se han recogido periódicos por causas tan inocentes como las que acaba de oír el Congreso, y por otras que tengo aquí y que no leo por no molestar la atención de los Seres. Diputados, pero que leeré en la réplica, si a ello se me obliga, sino que se han recogido periódicos por copias sin comentarios cosas que han publicado otros y que han circulado libremente, manifestando en esto que el Gobernó no ha tenido presentes la justicia y la igualdad, únicos móviles que debían haberle guiado, sino la saña y la arbitrariedad con que han considerado y mirado a algunos periódicos. Y como parece grave el cargo que acabo de lanzar, oiga el Congreso lo que dicen algunos periódicos.

Dice La Iberia, Sres. Diputados:

"Un periódico ministerial que se publica en Londres, El Español de ambos mundos, publica el siguiente párrafo que no debe pasar desapercibido:

" Nótase de algún tiempo a esta parte en los periódicos ingleses, que según voz y fama están a sueldo de la policía francesa, una recrudescencia de odio contra España, que [528] se revela muy especialmente en ataques personales, bajos e indecorosos a la Reina Isabel."

La Iberia no decía más; La Iberia lo trascribía sin comentarios como ha visto el Congreso; La Iberia fue recogida, suelto como el anterior es un párrafo aislado, que no tiene que ver ni con lo que antecede ni con lo que sigue.

Dice Las Novedades sobre el viaje del Sr. Bermúdez de Castro, Marqués, Duque y Príncipe: "Dice El Español de ambos mundos: Se dice aquí que el Sr. Bermúdez de Castro, el Francisco II de Nápoles, como representante personal de la Reina, que lo ha exigido terminantemente del Ministerio español. La misteriosa adquisición de las posesiones que tenía en Roma la familia Real de Nápoles, hecha por el Sr. Bermúdez de Castro, se explica aquí atribuyéndola a una voluntad soberana, de quien el Marqués-Duque-Príncipe no ha sido más que su intermediario. Esas posesiones volverán en su día a la familia de Nápoles por la mano de una parienta augusta, mejorada la villa farnesina, y mantenida en el pie más satisfactorio.

" Esto conviene con la noticia dada por La Época "

Y se contenta con decir Las Novedades, oígalo el Congreso: esto conviene con la noticia dada por La Época, Las Novedades fueron recogidas. ¡Señores, qué diferencias! ¿Por qué lo que decía El Español de ambos mundos no podía decirlo Las Novedades y La Iberia? ¿Por qué lo que había circulado libremente por España en El Español de ambos mundos, no podía circular en Las Novedades y La Iberia? ¿Se comprende esto Sres. Diputados? Pues yo lo creo que se comprende; ahora lo comprenderéis. Esto lo hacía el Gobierno porque El Español de ambos mundos es ministerial y Las Novedades y La Iberia son de oposición; esto lo hacía el Gobierno, porque los escritores de El Español de ambos mundos se han sometido sin duda al banderín de la unión liberal, y los escritores de Las Novedades y La Iberia no han querido someterse al enganche de ese banderín. No importa que algunos de los redactores de El español de ambos mundos haya sido condenado a presidio y no pueda volver a España sin exponerse a arrastrar el grillete de los confinados: ¿qué importa eso, si se ha sometido al banderín de la unión liberal? ¿Qué importa que se recojan los escritos de los redactores de Las Novedades y La Iberia, que no han dado todavía, que espero que no den que hacer a los tribunales en ese sentido? Vengan a mí, dice la unión liberal, apláudanme, ayúdenme todos, cualesquiera que sean sus antecedentes, que yo a todos los recibo, siquiera sean condenados, siquiera sean presidiarios; pero que no me ataquen los hombres honrados, porque no me parecerá bien, y les perseguiré porque les parezca bien a ellos.

Tengo aquí otros periódicos, La Discusión, El Pueblos, Las Novedades, recogidos por copias de La Correspondencia algunos párrafos sin comentarios: y tengo por último periódicos recogidos, ¡señores, hasta por copias sin comentarios un documento Oficial publicado en la Gaceta! ¿En qué artículo de la ley a que está sometida la imprenta se autoriza al Gobierno a recoger en unos periódicos lo que deja pasar libremente en otros? ¿Qué razón hay para que en el mismo día, durante las mismas circunstancias, sea malo en unos periódicos lo que en otros se ha considerado como bueno? ¿Qué Gobierno es este, que no tiene más ley que su capricho, ni más regla que su voluntad, ni más norma que la pasión o el afecto que puede moverle hacia estos o los otros periódicos?

Pero no para aquí. El sistema de recogidas se ha llevado, señores, a un límite inaudito, a un límite desconocido aún durante los Gobiernos más reaccionarios.

Ha habido periódico que ha tenido que hacer nueva edición; a la hora en que se hacía, no se hallaban en la redacción los redactores, y los cajistas para llenar el espacio de los artículos suprimidos, y con el fin de no perder tiempo, lo han llenado con puntos suspensivos. Ha vuelto a la censura, y aquel periódico ha sido recogido por los puntos suspensivos. Vuelve el periódico a la redacción, hay que hacer nueva edición, no hay medios, no hay redactores a aquella hora, y como la recogida ha sido por los puntos suspensivos, se limitan a quitarlos y a colocar en el espacio que ocupaban los puntos suspensivos la advertencia a los suscriptores necesaria para justificar la salida tan tarde del periódico, diciendo: hemos sido recogidos por los puntos suspensivos que llenaban este párrafo: tercera recogida. Tres recogidas, señores, en un día para un periódico; dos recogidas por los puntos suspensivos, que estaban aislados, que eran independientes de lo que se había dicho antes y de lo que seguía después; y por último, una tercera recogida por decir que el periódico ha sido recogido por los puntos suspensivos.

Pues todavía hay más: un periódico obtiene el exequatur del fiscal para la edición de Madrid; se publica en vista del exequatur; reforma esta edición para remitirla a provincias; vuelve esta edición reformada a la fiscalía; obtiene también esta edición el exequatur del fiscal, que sirve en las ediciones de provincias de pase al administrador de correos para admitir los ejemplares y enviarlos a su destino: Pues bien: en vista de esto la empresa tira toda la edición de provincias, la manda a última hora al correo, y allí, sin orden, sin noticia de la empresa, ni conocimiento del director, por una orden subterránea, no se sabe de quién, ni por conducto de quién, el resultado es que los periódicos, que autorizados como iban, eran propiedad ya de los suscritores, se quedan en poder de los agentes de la autoridad secuestrados.

Yo pregunto ahora al Gobierno: ¿en qué artículo de la ley se autoriza al Gobierno para proceder al secuestro de un periódico que ha sido tirado, que ha sido llevado al correo con todas las autorizaciones legales y en la forma que las leyes prescriben? No hay ningún artículo en que al Gobierno se le autorice para eso; hay artículos precisamente para lo contrario; y si no hay artículo que para eso le autorice, ¿sabe qué nombre tiene esto, sabe cómo se llama? Pues se llama atentado escandaloso contra la propiedad.

Autorizar a un periódico, autorizar a una empresa con las formas legales, con los medios que la ley previene, a la luz del día, públicamente para que lleve a correos la edición de provincias, que está impresa en papel de timbre cuyo coste es el pago que las empresas hacen al Gobierno para que se encargue de conducir los periódicos a los puntos de su destino, autorizarlas de esa manera, engañarlas de ese modo, obligándolas a hacer los sacrificios que son consiguientes a una numerosa suscripción, y todo esto a la luz del día, públicamente; para que después por una orden subterránea, misteriosa, dada en la oscuridad de la noche, emanada no se sabe de quién ni por qué, se hagan inútiles todos estos sacrificios; esto, señores, francamente, en el Diccionario de la lengua tiene un nombre que no digo por respeto a este sitio; por eso me he contentado con decir que era un atentado escandaloso contra la propiedad.

Y he concluido ya, señores, con las recogidas, en las cuales me he entretenido más tiempo del que quería, atendiendo a que tengo que ocuparme de otras cosas más graves, de más bulto. Por eso, no me detendré ya a examinar las recogidas que han sufrido periódicos completamente inocentes, periódicos que sólo se ocupan de intereses materiales. Por eso no diré nada de la América, periódico sumamente [529] ilustrado, que cuenta con plumas distinguidas, pues aunque cuenta con la mía, yo no me atrevo a usarla por lo mal que quedaría ante las demás, periódico que ha siso recogido por aplaudir resoluciones del capitán general de la Habana, que a la sazón lo era el Sr. Concha.

¡Cosa más rara! ¡Recoger un periódico que aplaude los actos de las autoridades del Gobierno! Pues si no era verdad lo que el periódico decía; si no eran justos los elogios que el periódico tributaba al capitán general de la Habana; si en concepto del Gobierno aquella autoridad no obraba bien, ¿Por qué la sostenía? ¿Por qué n la retiraba? Y si no era así; si el capitán general cumplía a gusto del Gobierno, ¿por qué no dejaba pasar los elogios y los aplausos que el periódico le dedicaba? Estos son, señores, misterios de la unión liberal, cuestiones de familia en que a nosotros los profanos nos está impedido penetrar.

Por eso no diré nada de Las Antillas, periódico que tiene por principal objeto estrechar las relaciones de las provincias ultramarinas con la madre patria, que ha contado sus números casi por las recogidas que ha experimentado en un principio, y que hoy tiene la desgracia mayor todavía de que estando autorizada su publicación por el Gobierno, el capitán general de Cuba impide su circulación en aquellas islas.

No diré nada tampoco de la recogida de El Semanario Médico, periódico que se ocupa exclusivamente de medicina, ni de otros periódicos que no se ocupan más de que de ciencias, de artes y de intereses materiales.

Y el Congreso habrá podido observar como el Gobierno ha venido aguzando el ingenio para maltratar a la prensa con las recogidas, haciendo que no sólo sean estas arbitrarias e injustas, recogiendo las cosas más inocentes, sino creando una inmensidad de categorías de recogidas desconocidas hasta ahora aún en los Gobiernos más reaccionarios: y de ahí que tengamos recogidas dobles y triples, recogidas simples y compuestas, puras y mixtas; recogidas dentro del plazo que la ley marca, y recogidas fuera del plazo marcado por la ley; recogidas por escribir, recogidas por copias, recogidas por no escribir ni copiar, recogidas por no decir nada, que pudiéramos llamar recogidas mudas. Pero al mismo tiempo habrá observado también el Congreso que todas ellas, así unas como otras, todas absolutamente han sido arbitrarias e injustas; que el Gobierno en ellas no ha tenido otro criterio que la pasión o la saña con que mira a algunos periódicos, y el cariño, el aprecio o el afecto con que considera a otros, todo esto muy bueno para que los Ministros lo ejerzan en su casa, pero no en el Gobierno. Señores, los Ministros que hacen eso, no constituyen Gobierno, no pueden constituirle; solo constituyen una especie de anarquía gubernamental, si es que a la anarquía se puede añadir el adjetivo gubernamental.

Pero es posible que el Gobierno me haga un argumento que ya me parece que he visto indicado en otras ocasiones, y por si lo hace, voy a salirle al encuentro; pero si lo hace, le diré que lo hace hipócritamente, sabiendo que ese argumento no tiene fuerza ninguna. Es posible que diga el Gobierno; pues si según el Sr. Sagasta las recogidas que han experimentado los periódicos han sido injustas, han sido arbitrarias, han sido caprichosas, ¿por qué los escritores no han hecho uso del derecho que les da la ley? ¿por qué no han optado por la denuncia? Repito, señores, que si este argumento se me hace, se me hace hipócritamente, sabiendo que no tiene fuerza ninguna. El escritor no podía hacer uso del derecho de pedir la denuncia, porque este es un derecho con cuya elección se expone siempre a perder y no a ganar, y un derecho con esas condiciones no se pueda nunca usar. Parece que esto le extraña al Sr. Ministro de la Gobernación; voy a demostrarlo.

Se recoge un periódico, y el escritor tiene derecho a optar por la denuncia. Pues supongamos que opta por la denuncia: empieza por sufrir los disgustos de la recogida pues el periódico no puede circular aunque le escritor opte por la denuncia; empieza por experimentar los efectos de la recogida como si no optar por la denuncia. Ya ha sufrido los efectos de la recogida, pasa un mes o mes y medio o dos meses, pues aunque el Gobierno debe procurar que estos asuntos vayan en el plazo más breve posible a los tribunales, algunas veces, por consideraciones que yo me callo, se ha retrasado esto todo lo posible.

Pues bien, al mes y medio tiene lugar la vista del escrito denunciado, y pueden suceder dos cosas: que el tribunal condene el escrito o que lo absuelva. ¿Condena el tribunal? Pues el escritor que ha pasado ya por los efectos de la recogida, tiene que agregar los de la condena. ¿Absuelve, el tribunal? Pues voy a demostrar que el escritor no ha ganado nada. Porque ¿Cuál es la ventaja que resulta al escritor de la absolución? La de que pueda publicar el escrito denunciado; pero como todos los artículos de los periódicos son de actualidad, la ventaja que tiene con la absolución no le sirve más que para ocupar un espacio en el periódico con un artículo inoportuno, porque ya ha pasado su oportunidad, ya ha perdido el carácter de actualidad que tenía, y que era el que principalmente le daba valor.

De manera que, como se ve, los escritores, al optar por la denuncia se exponen siempre a perder y nunca a ganar; si la ley estableciera una de dos cosas; que cuando los escritores optasen por la denuncia el escrito se publicara, o cuando no, que se exigiera la responsabilidad a la persona que ha recogido injustamente, a la persona que ha ocasionado tantos perjuicios a la empresa, yo le aseguro al Gobierno que no habría escritos que no optase por la denuncia en vez de la recogida.

Exíjase la responsabilidad, como parece justo, en el caso de que el tribunal absuelva a aquel que cometió el atentado de recoger indebidamente el periódico y que tantos perjuicios ocasionó a la empresa, y es bien seguro que la empresa misma optará por la denuncia del escrito que, yo no sé si todos hubieren sido condenados o castigados?.

¿Qué artículos de los que he leído hubieran sido condenados por los tribunales? (El Sr. Ministro de la Gobernación: Todos.) S.S. dice que hubieran sido condenados todos; sea enhorabuena. Yo creía que S.S. tendría formada mejor idea de los tribunales; pero S.S. sabrá como están formados los tribunales, cuando dice que serían castigados todos estos escritos.

Pero es más, Sres. Diputados; y es, que aún cuando no estuviese terminante la elección entre denuncia y recogida, ha habido escritores que han apelado a este derecho para ver si de este modo evitaban tanta arbitraria recogida, y asómbrese el Congreso, esos escritores se han visto defraudados en sus esperanzas; no les han concedido el derecho que terminantemente les da la ley: y para que el Congreso se persuada de la enormidad de esto, voy a leer el artículo de la ley de imprenta que establece el derecho del escritor para optar entre la denuncia o la recogida. Deseo que el congreso fije su atención bien en el art. 5º de la ley de imprenta, para que vea como cumplen las autoridades de este Gobierno, y como cumple el mismo Gobierno con esas leyes que dice que ha venido a hacer efectivas. Dice así dicho art. 5º.

" El responsable de un impreso recogido optará dentro de las cuarenta y ocho horas después de la suspensión entre el embargo del escrito o la denuncia. En el primer caso se inutilizarán los impresos depositados, o se consultará al Gobierno sobre el destino que ha de dárseles; en el segundo, [530] se someterá el impreso a la calificación del tribunal competente en el más breve plazo posible.

Si el responsable no contestase, se entenderá que prefiere la inutilización de los ejemplares."

Es decir, que según la ley, el escritor tiene siempre el derecho de optar por la denuncia o por la recogida, y el Gobierno la obligación de concederle ese derecho. Está terminante la ley; no cabe ni puede caber duda de ningún género; la ley impone, preceptúa, manda al Gobierno que en el caso de que el escritor opte por la denuncia, la denuncia se lleve a cabo, y lo único que previene es que la denuncia se lleve a efecto en el término más breve posible.

Pues bien: hay un escritor de un periódico que, habiendo sido recogido uno de sus números el 31 de Agosto, acudió el 1º de Septiembre, es decir, antes del término concedido por la ley, y antes de las veinticuatro horas, ala autoridad superior de la provincia. Aquel mismo día sin duda, porque acudió a aquella autoridad pidiendo la denuncia, volvió a recogérsele otro número, y volvió a insistir en la misma petición. Ya ve el Congreso cuán terminante está el derecho que la ley concede al escritor; pues no solo se le recogió el número y no se le admitió el que se llevase a cabo la denuncia, sino que se le reprendió, porque en uso del derecho que le daba la ley, acudió a la autoridad, y se le dijo que en adelante se abstuviese de hacer semejantes peticiones.

Señores, una autoridad que no solo no concede el derecho que da la ley, sino que además reprende a la persona que tiene este derecho y le dice que no vuelva a molestar con semejantes peticiones. ¿Qué es esto? ¿Qué Gobierno es este que tiene autoridades de esa especie? ¿Qué Gobierno es este que consiente que esas autoridades se sobrepongan de esa manera tan terrible a las leyes, y reprende a los ciudadanos porque ejercitan un derecho que la ley les concede?

Y no crea el congreso que yo estoy hablando de memoria. Voy a leer al Congreso la comunicación que esa autoridad dirigió al escritor a que me refiero, que acudía a ella pidiendo un derecho que la ley le concede. Dice así:

" Enterado de las solicitudes presentadas por V. en 1º y 2º del corriente mes, y odio el parecer del fiscal de imprenta, he acordado desestimarlas; advirtiéndole que en lo sucesivo no se admitirán instancias de este género, que cuando menos quitan a mi autoridad momentos de preciosa atención para los intereses públicos. Valencia 3 de Septiembre de 1861.=J. de Peralta.=Señor director de El Valenciano."

¿Por donde habrá sacado esta autoridad que tenía necesidad de oír el dictamen del fiscal de imprenta para conceder un derecho que le manda la ley que conceda?

 Señores, ¿en qué podrá emplear aquella autoridad, aquel gobernador sus más preciosos momentos que en oír a los ciudadanos que acuden a él para hacer uso de un derecho que les concede la ley? ¿En qué se ocupará aquella autoridad de mejor modo que en hacer que se respeten los derechos que los ciudadanos tienen con el Estado, y los derechos que los ciudadanos tienen con los demás ciudadanos? Pues bien: sepa el Congreso que el escritor no se conformó con la resolución del gobernador. ¡Cómo se había de conformar con resolución semejante! El escritor acudió en queja al Gobierno por medio de una exposición voy a tener la honra de leer al Congreso. ¿Sabéis, Sres. Diputados, lo que el Gobierno contestó a la exposición? Le contestó con dar la callada por respuesta.

 Copia de la exposición que ha dirigido el escritor a S.S. SEÑORA: D. Jacobo Gallegos Fajardo, hacendado del vecindario de Valencia y director y editor del periódico político-religioso que se publica en esta ciudad con el título de El Valenciano, AL. R.P. de V.M. respetuosamente expone: Que recogidos por orden del gobernador de esta provincia los números de El Valenciano de los días 31 de Agosto último y 1º del actual, cuyos ejemplares acompaña bajo los números primero y segundo; y anunciado así en las segundas ediciones de ambos, según aparece de los ejemplares que asimismo acompaña, bajo los número tercero y cuarto, acudió a dicha autoridad mediante dos solicitudes fechadas en los días 1º y 2º del corriente, en los cuales optaba por la denuncia de dichos números recogidos, y pedía, en uso del derecho que se le concede en el art. 5º de la ley de imprenta, y dentro del término que la misma establece, que se sometieran a la calificación del tribunal competente en el más breve plazo posible. Mas el gobernador de la provincia, enterado de dichas solicitudes, y oído el parecer del fiscal de imprenta, ha acordado desestimarlas, advirtiendo al exponente que en lo sucesivo no se admitirán de este género, que cuando menos, quitan a su autoridad momentos de preciosa atención para los intereses públicos, según así resulta de la copia adjunta bajo el número quinto.

La simple exposición de los hechos habrá hecho ya que V.M. comprenda que semejante providencia es absolutamente contraria a la ley, especialmente en su citado artículo 5º, cuya letra y espíritu no pueden ser más terminantes; y no solamente anula en este caso el derecho de optar entre el embargo del escrito y la denuncia, expresamente consignado en el mencionado artículo de la ley, si que a mayor abundamiento priva al exponente de ese mismo derecho para en lo sucesivo, y además le castiga moralmente, advirtiéndole que el ejercicio de su derecho cede en daño de los intereses público.

Persuadido pues el exponente de que semejante providencia es digna de mejora, rendidamente.

A L. R. P. de V.M. suplica se digne revocarla, mandando que los números cuya distribución y venta suspendió el gobernador de esta provincia, se sometan a la calificación del tribunal competente en el más breve plazo posible, que es lo que dispone la ley. Dios guarde muchos años la preciosa vida de V.M. Valencia 5 de Septiembre de 1861.=Señora=J.G.F.

Véase como el director del periódico, para que no pudiese quedar duda de la verdad del derecho, dice la razón que le asistía; y véase también como sabia el Gobierno la comunicación que el gobernador había dirigido al escritor.

No se puede hacer una exposición después de habérsele defraudado de su más indisputable derecho; no se puede hacer una exposición más reverente que la que hace a la Reina este director; y sin embargo, la conducta del Gobierno es igual a la de aquella autoridad: el Gobierno contesta con no contestar.

Así se respetan las leyes por las autoridades de este Gobierno; así se respeta la ley por este Gobierno mismo, que ha venido aquí a decirnos que viene a poner en su fuerza y vigor el sistema representativo; así se respetan las leyes por este Gobierno, que ha venido aquí a decirnos que durantes su administración serán una verdad las leyes; y, señores, lo que ha venido a hacer una verdad este Gobierno es la hipocresía y la inmoralidad política.

Paso ya, Sres. Diputados, a las denuncias, o como si dijéramos, a la cuestión batallona.

¿Qué pensará el congreso cuando oiga que los periódicos no han tenido nunca más libertad que ahora, cuando oiga decir asimismo que en ninguna época la presa ha gozado de tanta libertad como ahora, y que sin embargo nunca ha traspasado a tan alto grado los límites de la conveniencia, [531] que pensará, digo, cuando vea que esos artículos no solo han sido denunciados, sino terriblemente penados?

Pero antes de ocuparme a fondo de esto, voy a permitirme algunas consideraciones respecto de la cuestión de las denuncias.

Señores, empecé al ocuparme de las recogidas por reconocer en el Gobierno el derecho que tenía para recoger periódicos; pero con la misma franqueza con que empecé por reconocer este derecho, empiezo ahora por negarle el de la denuncia para todos los casos que se refieren al artículo 4º de la ley; no se puede denunciar, ni puede castigar; y lo voy a demostrar ahora mismo.

Dice el art. 4º, sobre el cual llamo la atención de los Sres. Diputados, porque en esto estriba toda la arbitrariedad con que el Gobierno ha ejecutado las denuncias:

Art. 4º. "Las autoridades provinciales o locales suspenderán por sí o a petición del fiscal de imprenta la venta y distribución de todo impreso en que se ataque la religión católica, apostólica, romana o en que se deprima la dignidad de la persona del Rey y de su Real familia, o se excite a destruir la Monarquía y la Constitución del Estado, o se ponga en grave peligro la tranquilidad pública; de aquello que tienda a relajar la disciplina del ejército y de los que ofendan la moral y las buenas costumbres. Igualmente procederán con toda publicación en que se cometa injuria o calumnia contra cualquier persona, siempre que el interesado lo pida con motivo justo en concepto de la autoridad."

Donde se ve que la ley preceptúa, que la ley manda, que la ley impone al Gobierno la obligación de recoger; no dice que podrá recoger, sino recogerá, suspenderá. Este artículo pues viene a demostrarnos, que no sólo el Gobierno no tiene el derecho de la denuncia en estos casos, sino que no puede denunciar, una vez que la ley le impone la obligación de recoger, y si recoge, no es posible la denuncia.

Y, señores, el espíritu de la ley es perfectamente conocido. La ley cree que los objetos contenidos en el art. 4º son tan sagrados, que nos basta solo que no se les ataque, que no basta solo castigar al que los ataque, sino que es necesario que nadie los ataque, y que si alguno quiere atacarlos, es preciso que nadie lo sepa, que entienda todo el mundo que estos objetos son inatacables. Esta es la letra, el espíritu, la tendencia de la ley en sus artículos, en su economía, en sus detalles.

Y la ley va tan allá en este sistema, malo o bueno, en mi opinión malo, pero no lo combato, no es éste mi objeto, no se vaya a creer que yo prefiero la recogida a las denuncias, no, pero estoy hablando dentro de la ley, estoy defendiendo la legalidad existente que el Gobierno ha aceptado.

Pues, señores, es tan claro, tan palmario, tan evidente el espíritu de la ley en su economía, en su letra, en su tendencia general, en sus detalles, que cuando el escritor opta por la denuncia le dice la ley: corriente, yo te la concedo; pero ten entendido que no se ha de publicar el escrito hasta que yo esté convencido de que no hay ataque a ninguno de esos objetos: ínterin el tribunal resuelve que no hay ese ataque no se hará público el artículo; no puede circular; cuando declare que no lo hay, podrá publicarse; hasta entonces no. En la duda de si puede haber ataque a esos sagrados objetos, el tribunal decidirá, y mientras el tribunal no decida, no se publica el artículo.

Dice el tribunal que puede haber ataque a esos objetos; pues entonces se recoge; no se permite la denuncia, para que en la defensa del artículo no se escape algo que pueda parecer ataque a aquellos mismos objetos, y se prohíbe entonces por consiguiente, no sólo la denuncia, sino la vista y publicación de la defensa, no sea que en la publicación de esta se escapase alguna idea, alguna palabra que pudiera mirarse como ataque a esos objetos tan altos, que se quiere esté persuadido todo el mundo de que no hay escritor ni nadie que se atreva a atacarlos.

Pues, señores, ¡qué manera tan contraria de proceder por parte del Gobierno en esta cuestión! Se publica algún artículo en que el Gobierno ve, o cree ver, que no es lo mismo, algún ataque: pues en vez de impedir su circulación como la ley manda, en vez de ahogarle en el silencio como la ley desea, lo que hace es publicarlo; y por si el artículo ha pasado desapercibido para alguno, o si alguno no lo ha leído mas que una vez, lo que hace es denunciarlo para que lo lea todo el mundo, y se entere de esos ataques que la ley no quiere que vean la luz pública.

Es imposible un antagonismo más absoluto, una falta más completa de armonía entre el espíritu de la ley y la interpretación que el Gobierno le da.

Pero si la ley en este punto no estuviera tan terminante, como han visto los Sres. Diputados, si hubiese la más pequeña duda, desaparecería ante las declaraciones de los que defendieran la ley, y de los que la combatieran, de sus defensores y de sus adversarios. Y de entre las muchas declaraciones que yo pudiera traer, voy a ocuparme de aquellas que puedan ejercer más autoridad para nosotros; voy a ocuparme de una hecha por quien está ahora en el banco ministerial, por el Sr. Ministro de Estado que entonces combatió la ley. Oiga el Congreso lo que decía el Sr. Calderón Collantes, Ministro de Estado hoy, y entonces adversario de la ley, en la sesión del Senado del 10 de julio de 1857, página 455, al final de la columna primera y principio de la segunda, lo siguiente:

" Con la autoridad que este proyecto coloca en manos del Gobierno, no tendrá este más poder, porque en todos los pueblos y países donde existe la censura previa, la responsabilidad de todo lo que se escribe sobre los negocios interiores, sobre relaciones extranjeras, sobre todas las cuestiones que se ventilan, recae especialmente sobre los Gobiernos.

Y esto es natural: si el Gobierno tiene en su arbitrio impedir la publicación de un periódico, cuando no usa de esa facultad, y el periódico injuria, desmoraliza, subvierte, la responsabilidad es del Gobierno. ¿Y son tan pocos los cuidados que pesan sobre un Gobierno en épocas agitadas para echar sobre sus hombros la responsabilidad de lo que se puede escribir, de lo que deliberada o casualmente puede dejar circular un fiscal que no haya conocido la trascendencia de una idea emitida en un impreso? Esto lo decía el Sr. Calderón Collantes en el Senado en 10 de Junio de 1.857."

Como ve el Congreso, el Sr. Calderón Collantes, adversario entonces de la ley y hoy Ministro de Estado, opinaba ni más ni menos que como opino yo en esta cuestión; desde el momento en que un periódico debe ser recogido, aún cuando no lo sea, el responsable es únicamente el Gobierno. Yo desearía saber si el Sr. Ministro de Estado, que siento que no esté ahí, pero que no faltará quien se lo diga, está conforme con lo que dijo en el Senado hace poco tiempo tan en armonía con mi opinión; deseo saber, repito, si está conforme con lo que entonces dijo.

Pues bien: oiga el Congreso lo que al Sr. Calderón Collantes contestaba el Sr. Marqués de Pidal, Ministro entonces del Estado y coadjutor de esta ley: pág. 459, columna primera, Diario de las sesiones del Senado, legislatura de 1857.

Y contra los abusos de este derecho, pregunta el [532] señor Calderón Collantes: ¿qué recurso queda a los periódicos? Muy sencillo. El Gobierno o su autoridad, detiene un periódico, en el cual nota que se falta a la ley. Convengo en que puede haber diferentes apreciaciones respecto a la comisión positiva del delito. Se dice que no puede ser penado un escrito que no empezaba a delinquir, porque se supone que los delitos de imprenta empiezan con la publicación, y que no habiendo comenzado ésta, no debe penarse el impreso sin circular como el que ya está publicado. De esta dificultad se sale sencillamente. La autoridad nota un exceso en un escrito, lo recoge, y dice al autor: ¿quiere V. que se publique ese artículo de su cuenta y riesgo? Yo, como encargado de conservar el orden y la tranquilidad pública, no puede permitirlo tal como está; pero si usted, de su cuenta y riesgo quiere, se publicará después que lo haya juzgado, no yo, sino el tribunal competente. Vamos a ese tribunal, y que decida.

Conforme, de toda conformidad con el Sr. Calderón Collantes, y de toda conformidad con el texto terminante de la ley, y no puede ser otra cosa atendido lo bien definido que está el sentido de esa disposición legal. Pero por si esta autoridad no fuera bastante fuerte, ahí va la más genuina, la del autor de la ley, expresada momentos antes de votarse, cuando se trataba de votar, no una autorización, cuando se pedían explicaciones sobre ese punto, decía el señor Nocedal en la misma sesión de 10 de Julio de 1857, siendo entonces Ministro de la Gobernación, y contestando a una de las preguntas del Sr. Tejada:

" La tercera consiste en que desea saber S.S. si hay contradicción entre la obligación de presentar el escrito que tiene el autor, y la facultad de recoger que tiene la autoridad por una parte, y por otra, el artículo constitucional que prohíbe la previa censura. No la hay; la previa censura que impide absolutamente la publicación, sin más apelación ni garantía; y según nuestro proyecto, si no se aquieta el escritor con la disposición de la autoridad, se somete su producción al juicio de un tribunal. En el primer caso no llega a haber delito por la intervención paternal, preventiva y prudente de la administración; en el segundo, hay una sentencia dictada por los tribunales competentes, y las sentencias no huellan jamás derecho alguno."

Por manera que tanto los adversarios como los defensores de la ley, tanto los que combatían esta ley como su autor, todos en fin, entendieron la ley de la misma manera y no puede menos de entenderse. Señores, podrá haber alguna disposición legal tan clara, tan terminante, tan indudable como la disposición legal a que me refiero, pero más, ninguna; es imposible que haya ninguna que sea más terminante y clara. Pero si aún todas estas autoridades no fueran bastantes para confirmar mi opinión; pero si se necesitara todavía otra autoridad para venir a robustecer las ideas que estoy sosteniendo, oíd otra autoridad que no podéis rechazar; oíd la autoridad del tribunal supremo e uno de sus considerados, al ocuparse de una sentencia o de una apelación del periódico La Discusión, en un recurso de nulidad de una sentencia que se vio ante el tribunal supremo de justicia, el considerando siguiente:

" Considerando que cualquiera que sea la responsabilidad en que hubiera incurrido la autoridad provincial y el fiscal de imprenta por no acordar la primera, y no pedir el segundo la suspensión de la venta y distribución del impreso denunciado, como era de su deber, según lo preceptivamente dispuesto en dicho art. 4º, dando lugar a una denuncia que, a haberse cumplido con él, no debió existir sino a instancia, en su caso, del editor responsable."

Esto, señores, es lo que dice el tribunal supremo de justicia.

De modo que todos, así los adversarios como los defensores de la ley, como los encargados de aplicarla, absolutamente todos de consuno vienen a demostrar que el Gobierno no tiene derecho ninguno para recoger todo lo que se refiera al art. 4º de la ley. Todos vienen a demostrar de una manera palmaria, indudable, que si hay responsabilidad en alguno de lo los escritos a que ese artículo se refiere, la responsabilidad de ellos es de la autoridad y del Gobierno, no del escritor. Por manera, señores, que aquí no bastarán argucias para contestarme; no bastarán sofismas, sino será necesario demostrarme con la ley en la mano que la autoridad no ha abusado. Así que, todas las denuncias hechas de los periódicos, y la mayor parte lo han sido por asuntos que se refieren al art. 4.º son ilegales y contra ley, e ilegales y contre ley son las multas impuestas por ese motivo como debidas a un procedimiento ilegal. Esas multas, con ilegalidad se han sacado, no han debido pagarse; esas multas deben devolverse a aquellas personas a quienes indebidamente se han sacado: y no lo pido como favor, sino que lo digo con justicia, y ¡ay de los Gobiernos que se olvidan de la justicia, y que desprecian las leyes! Porque la justicia y el derecho se lo vienen por último a arrebatar los pueblos.

Voy a concluir en pocas palabras con esta cuestión preliminar para mí. He demostrado que todas las denuncias, que la mayor parte de los hechos graves que han ocurrido en este asunto, lo han sido contra ley, y por consiguiente son ilegítimos; y las personas que por ellos han sufrido tienen derecho a resarcimiento, más, a la indemnización de los daños ocasionados, como todos los individuos de una sociedad tienen derechos siempre a resarcirse de aquello que indebidamente se les ha arrebatado. Esto me bastaría a mi, Sres. Diputados; esto me bastaría para demostrar la ilegalidad, la arbitrariedad con que el Gobierno ha procedido en esta parte, Pero no me contento con esto; es que quiero además demostrar con hechos, que aún dentro de esa ilegalidad, ha habido por parte del Gobierno en la aplicación de esa ilegalidad nueva injusticia y nueva ilegalidad. Dos cosas que demostraré en la primera sesión, que como dije en la anterior será la tercera entrega de mi discurso, pues hoy ya han concluido las dos horas señaladas por el acuerdo del Congreso.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Lafuente): Se suspende esta discusión.